La pandemia de COVID-19 planteó grandes desafíos sociales y económicos en todo el mundo y, de manera más apremiante, en los países en vías de desarrollo; producto de lo anterior, la reactivación de la economía, en general, pero, sobre todo, un urgente rescate de los sectores más vulnerables y económicamente afectados resulta preponderante, lo cual debe gestionarse con una perspectiva de inclusión social sostenible y de responsabilidad ambiental.

En ese orden de ideas, hay que hacer notar que el cambio climático constituye un riesgo crítico para el Ecuador pues sus efectos se evidencian en el deshielo de los glaciares de sus montañas, el incremento de la temperatura en todo el país, alteraciones en los regímenes de la lluvia, la extinción de algunas de sus fuentes naturales de agua; además, independientemente de su magnitud, el “fenómeno del Niño” siempre afecta al país. Esto genera, a su vez, una rápida disminución, migración e incluso el riesgo de extinción de algunas de sus especies de flora y fauna, así como la proliferación de enfermedades y la incidencia de desastres naturales como inundaciones e incendios. Todas estas afectaciones agravan la pobreza, la desigualdad y la inseguridad que, junto al desempleo, persisten en el país. Estos hechos vienen también acompañados por el desplazamiento y migración de la población, con repercusiones que pueden alcanzar magnitudes alarmantes en los sectores agrícola y marítimo, principalmente afectados por los impactos ambientales.

Se estima que, a nivel mundial, el costo de los eventos extremos meteorológicos causados por el cambio climático alcanzaría 5,6 billones de dólares en 2025.

Actualmente, el 25 por ciento de la biodiversidad del planeta se concentra en los países andinos. Como consecuencia, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), cuyos principios consideran la responsabilidad social y ambiental, considera de suma importancia el fomento a la implementación de medidas que ayuden a la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático, promoviendo el desarrollo de las finanzas verdes como mecanismo clave para contribuir a la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono y a una reducida dependencia de los recursos no renovables, fortaleciendo sectores primarios como la agricultura, mientras se conserva el entorno natural.

El sector financiero popular y solidario del Ecuador, que tiene una mayor incidencia, contabiliza en el país más del 60 por ciento de los microcréditos que coloca el sistema financiero nacional; a su vez, estos clientes, ubicados en territorios rurales, donde los recursos financieros se desinan, principalmente, a actividades agrícolas, se ubican dentro del grupo más afectado por las alteraciones del clima.

Por todo lo anterior, la SEPS, como entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la economía popular y solidaria, está atenta a los efectos del cambio climático y su afectación tanto al medio ambiente como a las personas y ha determinado, como una de sus prioridades, la mitigación y adaptación a los riesgos climáticos, en aras de contribuir a la construcción de un sistema financiero sustentable y capaz de generar mayor resiliencia al cambio climático.

Efectivamente la SEPS, con la asistencia técnica de AFI, se encuentra desarrollando el marco normativo que regule la gestión de riesgos ambientales y sociales (ESRM) para las entidades del sistema financiero popular y solidario. Los lineamientos ayudan a reducir riesgos de transacción asociados con las actividades económicas de sus socios y clientes, priorizando la protección ambiental. El objetivo de implementar tales lineamientos es establecer un marco de referencia para la evaluación activa de los problemas ambientales y sociales. Así mismo, sirven para evaluar la probabilidad de incumplimiento de crédito/inversiones de las cooperativas y de otras instituciones financieras para promover prácticas comerciales sostenibles en Ecuador.

Los reguladores continúan enfocando los debates sobre finanzas verdes en mejorar la calidad, los objetivos y la efectividad de los programas sociales y el gasto público como respuesta a los desafíos del cambio climático planteados por la escasez natural, la inestabilidad financiera y la creciente vulnerabilidad de los ciudadanos.