Latinoamérica, economía y pandemia

Latinoamérica, economía y pandemia

Por GRANT THORNTON | Mayo 17, 2021

La pandemia encontró a las economías latinoamericanas en medio de un período de relativo estancamiento, a partir del fin del boom de los commodities en 2013. Luego de crecer a una tasa promedio de 4,0% entre 2004 y 2013, el crecimiento promedio de la región se redujo a 0,6% entre 2014 y 2019. En contraste, el PIB de las economías avanzadas —las principales economías europeas, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Corea, Japón, Australia y Nueva Zelanda— creció a una tasa promedio de 1,6% entre 2004 y 2013 y de 2,1% entre 2014 y 2019.

En base a las proyecciones realizadas por el FMI en octubre de 2019 y abril de 2021, estimamos el impacto económico generado por la pandemia en Latinoamérica y las economías avanzadas. El mismo surge de la diferencia entre el crecimiento esperado para 2020 y 2021 en las últimas proyecciones con el estimado previo a la pandemia. A su vez, consideraremos el impacto sanitario como el número de muertes por millón de habitantes entre el comienzo de la pandemia y la actualidad (11 de mayo). Si bien no es claro aún si existió un dilema entre salud y economía en el combate a la pandemia —y que no es el objetivo de este análisis—, si resulta claro que el impacto económico ha sido proporcionalmente mayor en los países latinoamericanos.

Como se observa en el gráfico, el impacto económico en la región ha sido casi el doble respecto de los países avanzados, aunque que el sanitario fue solamente 22% superior. Las economías avanzadas acumulan unas 1.238 muertes por millón de habitantes, con un impacto económico estimado de 3,0% en términos del PIB para 2020-21, es decir, que sería en 2021 un 3% inferior al proyectado previo a la pandemia. Por su parte, Latinoamérica acumulaba 1.506 muertes por millón de habitantes con un impacto económico estimado de 6,7% del PIB. Actualmente, la tasa diaria de muertes en Latinoamérica es cerca del triple frente a los países avanzados (6,0 vs. 1,7).

Si bien existen múltiples factores que explican el desempeño de los países en el combate a la pandemia (y aún no existe consenso en torno a cuáles de ellos resultan determinantes), algunos de ellos, comunes a casi toda la región, han sido a nuestro juicio claves para explicar el peor desempeño económico.

En Latinoamérica, la fuerza laboral está más concentrada en sectores en los que la posibilidad de teletrabajar es menor. Según la Cepal, mientras que en la región solamente 1 de cada 5 trabajadores (21%) podría trabajar desde su casa, en Europa y Estados Unidos 2 de 5 podrían hacerlo (40%). Por otra parte, los niveles de formalidad y protección social son considerablemente menores en Latinoamérica. Según estimaciones de la OIT, casi la mitad de los trabajadores en Argentina y Brasil son informales, mientras que en México, Perú, Ecuador, Paraguay y Bolivia la cifra ronda el 70%. A su vez, el porcentaje de personas que reciben al menos un beneficio social varía entre el 30% y 60% en la mayoría de los países de la región, cuando en las economías avanzadas supera el 90%.

Adicionalmente, las restricciones fiscales suelen ser mayores en los países de la región. Varios de los países ya partían de una situación fiscal compleja y eso dificultó el alcance y la magnitud de las medidas económicas para contrarrestar el impacto de la pandemia. La informalidad no solo complejiza la tarea de identificar a los hogares afectados, sino que hace menos efectivo el gasto social, que, ante la imposibilidad de realizarse vía instrumentos focalizados, como por ejemplo el seguro de desempleo, suele ser discrecional.

La caída en 2020 del PIB Latinoamericano (7,0%), no solo fue mayor que el de las economías avanzadas (4,7%), sino que la recuperación prevista para 2021 es inferior (4,6% frente a 5,2%). Considerando que el avance de la vacunación viene siendo notoriamente más lento en la región, la normalización de las actividades se hará esperar. Mientras que casi la mitad de la población ha sido vacunada con al menos una dosis en Reino Unido (52%) y Estados Unidos (46%), y el 25% en Europa, solamente el 13,5% de los sudamericanos han recibido al menos una dosis. A su vez, el ritmo actual de vacunación es considerablemente inferior en Sudamérica, que vacuna al 0,22% de la población por día, cuando Europa vacuna el 0,54% y Estados Unidos y Reino Unido cerca del 0,70%.

El PIB de las economías latinoamericanas recuperaría el nivel de 2019 recién en 2022, impulsado por la recuperación económica de Brasil cuyo PIB se ubicaría un 2% por encima del nivel pre-pandemia. El desempeño económico de la región será muy heterogéneo. Mientras que para Paraguay (7,2%), Chile (3,8%) y República Dominicana (3,3%) el FMI proyecta una recuperación similar a la de las economías avanzadas, que cerrarían 2022 un 3,8% por encima del nivel de 2019, el PIB de Ecuador (-4,0%), Panamá (-3,5%), Argentina (-2,3%) y El Salvador (-2,0%) se ubicaría aun muy por debajo del nivel de 2019. Si bien el desempeño de las economías avanzadas está fuertemente influenciado por el fuerte crecimiento esperado para Estados Unidos (6,3% en 2022 frente a 2019), Europa en su conjunto (1,2%) tendría un crecimiento cuatro veces superior al de Latinoamérica (0,3%).

La recuperación y las perspectivas para la región continúan estando fuertemente sostenidas por la evolución del precio de los commodities, que desde marzo 2020 se han valorizado un 34% para el caso de los alimentos y un 43% en el caso de los metales. A su vez, en el plano fiscal, las históricamente bajas tasas de interés han posibilitado el financiamiento del gasto durante 2020.

Sin embargo, las condiciones financieras globales constituyen el principal riesgo que enfrentará la región en el corto y mediano plazo. El espacio fiscal para financiar nuevas olas de la pandemia se ha reducido, en particular en países con elevados niveles de deuda como Argentina (100%) y Brasil (89%) y cuyos déficits fiscales rondan el 7% y 13% respectivamente. Más importante aún será la efectiva velocidad de la recuperación en las economías avanzadas, en particular de Estados Unidos, que ya se prevé crezca un 6,4% en 2021. Las perspectivas de liquidez global en 2021 y 2022 están en alguna medida condicionadas a que la recuperación de la actividad económica, en particular del mercado laboral en los Estados Unidos que aún se mantiene un 6% por debajo del nivel pre-pandemia, sea progresiva.

Una nueva aceleración en la velocidad de recuperación de las economías avanzadas, especialmente si la región no acompaña, presionará al alza a las tasas de interés y complejizará el escenario económico y social en Latinoamérica. El financiamiento de las cuentas públicas será tema de debate en el mediano plazo y, como ya hemos visto, la compleja situación social que atraviesa buena parte de la región no dejará mucho espacio para “consolidar” el gasto.

 

(*) Nicolás Cichevski. Gerente del Área de Consultoría Económica de Grant Thornton Uruguay y Paraguay.

gráficos

 

Fuente: https://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/latinoamerica-economia-pandemia.html

El impacto de los compromisos de comercio y fiscalidad internacionales sobre los incentivos tributarios y la recaudación

El impacto de los compromisos de comercio y fiscalidad internacionales sobre los incentivos tributarios y la recaudación

Por Alberto Barreix – Fernando Velayos | Mayo 12, 2021


En memoria de Juan C. Gómez Sabaini y Francisco de Paula Gutiérrez

El incentivo fiscal para la inversión privada más utilizado por los países (25 jurisdicciones) de América Latina y el Caribe (ALC) es la reducción de la tasa estatutaria del impuesto a la renta empresarial (IRE) para determinados sectores o regiones.

Para los gobiernos es una herramienta que –bien diseñada e implementada– puede aumentar el empleo, fomentar la transferencia de tecnología y capital, además de promover el crecimiento de regiones menos desarrolladas. La idea es que estos incentivos sean aplicados para sectores o regiones enfocados en el mercado exportador.

El éxito de estos incentivos depende de muchos factores; uno de ellos reside en la capacidad de los gobiernos para discriminar, con respecto a la aplicación de estas tasas diferenciadas, entre las ventas domésticas y las exportaciones. El reto es que muchos países tienen adquiridos compromisos con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el proyecto Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que eliminan la posibilidad de discriminar estos tipos de incentivos entre ventas domésticas y exportaciones para bienes y servicios.

Esto genera posibilidades de arbitraje, y además el impacto en la recaudación puede ser significativo. Actualmente solo se dispone de estadísticas de las exportaciones de bienes de Zonas Francas de Centroamerica y República Dominicana (CARD), una de las formas de beneficio por tasa reducida en IRE, pero el cuadro siguiente destaca su importancia.

 

Exportaciones Totales y en Zonas Francas en CARD (2017)

 

* PEA, población económicamente activa. Fuente: Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano. No. 100, 2019.

Arbitraje: El mecanismo para pagar menos impuestos

Las empresas bonificadas podrían actuar en connivencia con las que están en el régimen general. Lo pueden hacer de dos maneras. Una es sobrefacturar bienes y servicios a empresas en régimen general, y de este modo se reduce la ganancia de las empresas que tienen que pagar impuestos a tasas más altas, al mismo tiempo que aumenta la renta de la empresa que recibe incentivos. La segunda manera ocurre cuando la empresa en el régimen general subfactura los bienes y servicios vendidos a la empresa bonificada. Eso también disminuye su ganancia en el régimen general y eleva la renta para la empresa que recibe los incentivos. A este fenómeno lo llamamos arbitraje.

Dado el crecimiento del comercio en general y, especialmente, de los servicios de la economía digital, este arbitraje tiene un efecto cada día más significativo en la recaudación, porque estos tipos de servicios son más complejos de controlar y valorar.

Las consecuencias sobre la competencia doméstica también son negativas. A lo largo del tiempo, las empresas bonificadas pueden ofrecer precios más competitivos porque pagan menos impuesto a las ganancias, lo cual elimina la competencia entre las empresas no bonificadas y reduce aún más la recaudación para los gobiernos.

En este contexto los países ahora están enfrentando un serio dilema: si no se desea renunciar a la recaudación, debe elegirse entre aplicar incentivos tributarios o aceptar los (dos) compromisos internacionales antes mencionados. Intentar cumplir con las tres cosas al mismo tiempo (trilogía) no es a priori posible.

Tres alternativas de política para los incentivos tributarios

Para reducir este impacto negativo en la recaudación –y sus secuelas de equidad–, y a su vez respetar los compromisos internacionales, se presentan tres alternativas de políticas que reducen la posibilidad de arbitraje de las empresas bonificadas.[1]

1. Aplicar una “regla de la proporcionalidad”, que consiste en que la empresa del mercado interno solo pueda deducir de su compra la proporción entre la tasa correspondiente al vendedor de tratamiento preferencial y la del comprador (tasa general en el caso de adquirente local).

2. Aplicar una retención definitiva sobre las ventas de bienes o servicios al mercado doméstico a una tasa efectiva de tributación (TET). Esta TET puede ser general o, de ser posible, ajustada a la rama de actividad. Se obtendría del cociente entre el impuesto a la renta y las ventas del ejercicio, en base a las declaraciones juradas del periodo anterior de las operaciones puramente interiores de esa rama de actividad o, en ausencia de operaciones interiores significativas, se aplicaría siempre una TET general ponderada de toda la economía.

Otro posible uso de una tasa ficta del tipo tasa efectiva de tributación (TET) podría ser que constituya una contribución en la emergencia de (todos) los regímenes preferenciales a la sostenibilidad económica post-pandemia, considerando que la baja en su actividad (medida por las ventas, ya sean domésticas o de exportación) no haya sido significativa.

3. Gravar con la tasa que se aplica a los servicios prestados por no residentes (mediante una retención final como un porcentual sobre el valor de ventas, que habitualmente coincide con la tasa aplicada a la asistencia técnica), a aquellos contratados desde el mercado interior a las empresas de zona franca. Esto permitiría competir en forma más equitativa a las empresas del régimen general que sí pagan impuesto a la renta personal o empresarial, al encarecer esta retención el servicio prestado desde zona franca.

Estos tratamientos no aseguran la equidad horizontal tributaria ni la justa competencia dentro del país entre empresas incentivadas y no incentivadas, pero reducen las posibilidades de arbitraje y son de administración relativamente fácil. También es claro que estas propuestas no son taxativas, e inclusive pueden ser mejoradas, porque no se nos oculta el riesgo de que no superen los actuales controles de BEPS sobre la prohibición de compartimentación (Acción 5).

Cómo resolver la trilogía imposible: compromisos internacionales, incentivos tributarios y suficiencia recaudatoria

En definitiva, como los gobiernos no dejarán de utilizar los incentivos tributarios para promover el desarrollo en el corto plazo y también es cierto que las medidas de OMC y BEPS también perdurarán en el tiempo, el arbitraje es un problema tributario que está planteado. El tema es relevante porque con el cumplimiento de los compromisos internacionales se gana la neutralidad en el tratamiento de la imposición a la renta entre ventas, ya sean exportaciones o al mercado doméstico.

Sin embargo, dada la relevancia de los servicios, en especial digitales y de alta tecnología, que tienden a ser incentivados, los gobiernos deberán optar entre mantener estos beneficios (por ejemplo, zonas francas), perdiendo recaudación y dejando en desventaja a las empresas del mercado doméstico; o eliminar los incentivos, perjudicando su política de atracción de inversiones (e incluso innovación) y generando un conflicto (por derechos adquiridos no respetados).

Afortunadamente, los foros internacionales sobre temas relevantes en tributación, con el apoyo de varias entidades multilaterales liderados por la OCDE, han sido exitosos promoviendo la coordinación internacional a la vez que han sido receptivos a estos desafíos, por lo que han contemplado soluciones especiales para determinados grupos de países.

Por ende, para resolver esta “trilogía imposible”, será necesario aplicar, junto a las soluciones del ejercicio BEPS en su conjunto, debidamente flexibilizadas para economías emergentes,[2] alguna de las opciones prácticas antes descritas en este blog en el corto plazo. Esto permitirá implementar los incentivos tributarios como herramienta de políticas, siempre que se respeten las recomendaciones internacionales sobre la materia.

Este blog es un resumen del artículo Incentivos tributarios, compromisos internacionales y suficiencia recaudatoria: otra trilogía imposible.


[1] Pueden considerarse otros tipos de incentivos sustitutivos para la promoción de la economía del conocimiento u otras inversiones específicas como, por ejemplo: conceder créditos tributarios contra el impuesto a la renta por (un porcentaje de) las contribuciones patronales a la seguridad social pagadas y, con carácter más específico, el llamado IP Box para regalías. Un incentivo armonizado a nivel OCDE que, bajo determinadas condiciones de “sustancia”, permite fuertes reducciones de la base imponible del ISR de las rentas procedentes de los resultados de una investigación científica, un desarrollo tecnológico o una innovación.

[2] Por ejemplo, incluyendo flexibilidad en Acción 5 y en Global Anti-Base Erosion (GloBE).

Fuente:  https://blogs.iadb.org/gestion-fiscal/es/el-impacto-de-los-compromisos-de-comercio-y-fiscalidad-internacionales-sobre-los-incentivos-tributarios-y-la-recaudacion/