Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible exigirá un esfuerzo extraordinario por parte de todos

Publicado el 4 mayo, 20214 mayo, 2021 por Dariana Av

Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible exigirá un esfuerzo extraordinario por parte de todos

Por Abdelhak Senhadji, Dora Benedek, Edward Gemayel y Alexander Tieman | Abril 29, 2021

El impacto de la pandemia sobre la población pobre del mundo ha sido especialmente duro. La COVID-19 habría empujado a alrededor de 100 millones de personas a una situación de pobreza extrema solo en 2020, y las Naciones Unidas advierten que en algunas regiones la pobreza podría aumentar hasta niveles no vistos en 30 años. La crisis actual ha frustrado los avances hacia objetivos de desarrollo básicos, debido a que los países en desarrollo de bajo ingreso deben ahora compaginar el gasto urgente para proteger vidas y medios de subsistencia con las inversiones a más largo plazo en salud, educación, infraestructura física y otras necesidades esenciales.

En un nuevo estudio, proponemos un marco con el que los países en desarrollo pueden evaluar las opciones de política económica que pueden aumentar el crecimiento a largo plazo, movilizar más ingresos y atraer inversiones privadas con el fin de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aun con ambiciosas reformas nacionales, la mayoría de los países en desarrollo de bajo ingreso no podrán obtener los recursos necesarios para financiar estos objetivos. Necesitan el apoyo decisivo y extraordinario de la comunidad internacional, que incluye a donantes privados y oficiales, y a las instituciones financieras internacionales.

Un revés importante

En 2000, los dirigentes mundiales se dispusieron a terminar con la pobreza y a crear una senda de prosperidad y oportunidad para todos. Estos objetivos se plasmaron en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, 15 años después, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible previstos para 2030. Estos últimos representan un proyecto compartido de paz y prosperidad, para las personas y el planeta, ahora y en el futuro. Exigen inversiones importantes, tanto en capital humano como físico.

Hasta hace poco, el desarrollo progresaba de forma constante, aunque desigual, con éxitos medibles en la reducción de la pobreza y la mortalidad infantil. Pero ya antes de la pandemia, muchos países no se encontraban en vías de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de aquí a 2030. La COVID-19 ha golpeado con fuerza la agenda de desarrollo, infectando a más de 150 millones de personas y acabando con la vida de más de 3 millones. Ha sumergido al mundo en una grave recesión, que ha revertido las tendencias de convergencia del ingreso entre países en desarrollo de bajo ingreso y economías avanzadas.

Desde que comenzó la pandemia, el FMI ha otorgado financiamiento de emergencia por valor de USD 110.000 millones a 86 países, entre los que se encuentran 52 beneficiarios de bajo ingreso. Hemos comprometido en total USD 280.000 millones, y prevemos una asignación general de DEG de USD 650.000 millones que beneficiará a los países pobres sin sumarse a la carga de sus deudas. El Banco Mundial y otros socios en el desarrollo también han ofrecido su apoyo. Aunque esto por sí solo no es suficiente.

En nuestro estudio desarrollamos una nueva herramienta macroeconómica para analizar las estrategias de financiamiento del desarrollo, que incluye el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos centramos en inversiones en desarrollo social y capital físico en cinco ámbitos fundamentales del crecimiento sostenible e inclusivo: salud, educación, carreteras, electricidad, agua y saneamiento. Estos ámbitos clave del desarrollo son los gastos más importantes en los presupuestos de la mayoría de los gobiernos.

Aplicamos nuestro marco a cuatro países: Camboya, Nigeria, Pakistán y Rwanda. En promedio, estos países necesitarán un financiamiento anual adicional de más del 14% del PIB para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de aquí a 2030, unos 2½ puntos porcentuales anuales por encima del nivel anterior a la pandemia. Dicho de otra forma, sin un incremento del financiamiento, la COVID-19 habría retrasado los avances hacia los objetivos de desarrollo sostenible en hasta 5 años en los 4 países.

Este revés podría ser mucho mayor si la pandemia provoca secuelas económicas permanentes. Las medidas de confinamiento han desacelerado significativamente la actividad económica, privando de ingresos a las personas e impidiendo que los niños vayan a la escuela. Estimamos que el daño duradero al capital humano de una economía y, por tanto, al potencial de crecimiento, podría aumentar las necesidades de financiamiento del desarrollo en 1,7 puntos porcentuales adicionales del PIB al año.

Afrontar el reto

¿Cómo pueden los países realizar avances significativos hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible en estas nuevas circunstancias más difíciles que ha desencadenado la pandemia?

No será fácil. Los países tendrán que encontrar el equilibrio adecuado entre financiar el desarrollo y proteger la sostenibilidad de la deuda, entre los objetivos de desarrollo a largo plazo y las necesidades inmediatas apremiantes, y entre invertir en las personas y modernizar las infraestructuras. Tendrán que seguir ocupándose del asunto en cuestión: gestionar la pandemia. Sin embargo, al mismo tiempo, también tendrán que implementar un programa de reformas muy ambicioso que priorice las siguientes cuestiones:

Fomentar el crecimiento, lo que comenzará un círculo virtuoso. El crecimiento amplía la tarta, generando nuevos recursos para el desarrollo, lo que a su vez estimula el crecimiento. Las reformas estructurales que promueven el crecimiento —incluidos los esfuerzos por mejorar la estabilidad macroeconómica, la calidad institucional, la transparencia, la gobernanza y la inclusión financiera— son por tanto esenciales. Nuestro estudio señala cómo el fuerte crecimiento de Nigeria y Pakistán permitió a estos países realizar importantes progresos en la reducción de la pobreza extrema antes de 2015. Reactivar el crecimiento, que desde entonces se ha estancado en estos países muy poblados, será fundamental.
Fortalecer la capacidad de recaudación de impuestos es vital para financiar los servicios públicos básicos necesarios para lograr los objetivos de desarrollo principales. La experiencia demuestra que aumentar la relación impuestos/PIB en un promedio de 5 puntos porcentuales a mediano plazo, mediante una política tributaria integral y la aplicación de reformas, es un objetivo ambicioso, aunque alcanzable, para muchos países en desarrollo. Camboya lo ha hecho: en los 20 años anteriores a la pandemia, aumentó sus ingresos tributarios desde menos del 10% del PIB hasta aproximadamente el 25% del PIB.
Fomentar la eficiencia del gasto. Aproximadamente la mitad del gasto en inversión pública en los países en desarrollo se desaprovecha. Fomentar la eficiencia mediante una mejor gestión económica, junto con la mejora de la transparencia y la gobernanza, permitirá a los gobiernos lograr más con menos.
Catalizar la inversión privada. Reforzar el marco institucional mediante la mejora de la gobernanza y un entorno regulatorio más robusto contribuirá a catalizar nuevas inversiones privadas. Rwanda, por ejemplo, logró aumentar la inversión privada en los sectores del agua y la energía, desde prácticamente nada en 2005–09 hasta más del 1½% del PIB anual en 2015–17.

Aplicadas en paralelo, estas reformas podrían generar hasta la mitad de los recursos necesarios para realizar avances sustanciales hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero aun con estos ambiciosos programas de reformas, estimamos que los objetivos de desarrollo se retrasarían en una década o más en tres de los cuatro países del estudio de caso si tuvieran que hacerlo por sí solos.

Esta es la razón por la que es crucial que la comunidad internacional también redoble sus esfuerzos. Si los socios en el desarrollo aumentan de forma gradual la ayuda oficial al desarrollo, desde el actual 0,3% hasta el objetivo de las Naciones Unidas del 0,7% del Ingreso Nacional Bruto, muchos países en desarrollo de bajo ingreso podrían estar en posición de cumplir sus objetivos de desarrollo de aquí a 2030 o poco después. Proporcionar esta asistencia puede ser una tarea difícil para las autoridades económicas de las economías avanzadas, que están probablemente más centradas ahora mismo en retos nacionales. Pero contribuir al desarrollo es una inversión valiosa con rendimientos potencialmente altos para todos. En palabras de Joseph Stiglitz, la única prosperidad verdadera y sostenible es la prosperidad compartida.

Fuente: https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15594

¿Qué viene después del súper ciclo de las materias primas y la pandemia? Políticas para abordar la pobreza y la desigualdad en América Latina

Publicado el 29 abril, 20214 mayo, 2021 por Dariana Av

¿Qué viene después del súper ciclo de las materias primas y la pandemia? Políticas para abordar la pobreza y la desigualdad en América Latina

Por Antoinette Sayeh, Alejandro Werner, Ravi Balakrishnan and Frederik Toscani

(English, Português)

América Latina entró en la pandemia como una de las regiones con mayor desigualdad del planeta. Como gran parte del resto del mundo, saldrá de ella más empobrecida y con una desigualdad todavía peor. Según estimaciones anticipadas, otros 19 millones de personas de la región han caído en la pobreza, y la desigualdad se ha incrementado en un 5% respecto a los niveles de antes de la crisis. Los apoyos públicos proporcionados a gran escala en muchos países evitaron resultados todavía peores, pero provocaron una subida en los niveles de deuda pública, del 68% al 77% del PIB. Probablemente, esto limitará la capacidad de los gobiernos para corregir el legado de la pandemia a más largo plazo, en cuanto se afiance la recuperación.

Aun así, las perspectivas en cuanto a pobreza y desigualdad en la región podrían ser mejores de lo que parece, por dos razones: i) el resurgimiento de los precios de las materias primas y ii) la oportunidad que brinda la pandemia de ampliar el consenso político y social en torno a las reformas necesarias.

Aprovechar al máximo el resurgimiento de los precios de las materias primas

Los términos de intercambio de las materias primas—relación entre los precios de exportación e importación de las materias primas de un país—se han situado en el nivel más alto desde 2011 en muchos de los principales países exportadores de materias primas de América Latina. En Chile y Perú, los términos de intercambio de las materias primas actual son los más favorables desde 1980, gracias a los precios récord del cobre y otros metales.

Un nuevo documento departamental del FMI estudió el notable progreso que América Latina logró en la reducción de la pobreza y la desigualdad durante el auge de las materias primas de 2000–14. En sus conclusiones, se afirma que gran parte de los avances son consecuencia del aumento en el ingreso laboral real de los trabajadores menos cualificados, especialmente el sector servicios. Los aclamados programas de transferencias monetarias, como Bolsa Familia en Brasil, y Bono Juancito Pinto y Renta Dignidad en Bolivia, también desempeñaron un papel importante, aunque menor, en la mayoría de los países. Esto indica que, si se mantienen los elevados precios de las materias primas, el sector de materias primas se ampliará otra vez y atraerá a nuevos trabajadores, lo cual provocará un incremento de los sueldos y el empleo, y probablemente tendrá efectos de contagio en otros sectores, incluidos algunos de los más perjudicados por la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, los precios favorables de las materias primas no bastarán para reducir de forma duradera la pobreza y la desigualdad por sí mismos en los países exportadores de materias primas de América Latina. La volatilidad de precios implica que las ganancias de hoy pueden convertirse en las perdidas del mañana, como ocurrió cuando el auge se convirtió en caída, después de 2014. Además, el mundo que nos deja la pandemia, caracterizado por una deuda pública mucho más elevada, supondrá una limitación para muchos países. Es probable que los gobiernos dispongan de un menor margen de maniobra para implementar transferencias sociales, tanto por la debilidad de la situación fiscal como por la necesidad de enfrentar las secuelas de la crisis. Por esta razón, creemos que América Latina necesita reformas transformadoras y una diversificación que la aleje de las materias primas.

Una oportunidad única para aplicar reformas transformativas

La reversión histórica de los avances sociales provocada por la pandemia podría alimentar la polarización y la paralización de las reformas en muchos países de América Latina. Sin embargo, la crisis también podría propiciar las condiciones necesarias para un nuevo consenso político sobre la forma de proceder, en especial si vienen acompañadas de un impulso favorable en los precios de las materias primas. Esta podría ser una oportunidad única para plantear pactos fiscales exhaustivos y abordar los problemas estructurales de larga data.

Mayor progresividad de las finanzas públicas

Los sistemas tributarios y de transferencias de la región son bastante menos progresivos que los de los países avanzados. Una mayor progresividad en las finanzas públicas ayudaría a reducir la desigualdad y además generaría espacio fiscal para políticas favorables a los pobres y al crecimiento. América Latina debería incrementar la progresividad de los impuestos sobre la renta de las personas físicas, centrándose en un recorte de las exenciones tributarias y la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. En algunos casos, las autoridades económicas deberían plantearse reducir los umbrales de ingresos en relación con el impuesto sobre la renta de las personas físicas, para incluir en la red de tributación más personas con un ingreso relativamente elevado.

Por el lado del gasto, la pandemia ha puesto de relieve la necesidad de mejorar la focalización de las transferencias sociales en muchos países para asegurar el apoyo a los grupos vulnerables. En términos más generales, varios países de América Latina (por ejemplo, Brasil y Colombia) registran gasto corriente muy rígido, el que es difícile de controlar puesto que una gran parte se destina a gastos obligatorios, como sueldos y pensiones. Esto dificulta que el nivel de inversión pública sea el adecuado y complica la aplicación de políticas fiscales sostenibles.

Otro aspecto que debe corregirse son las enormes diferencias de elegibilidad para poder obtener pensión y la estructura de determinados sistemas de prestaciones definidas. En Perú, por ejemplo, la elevada informalidad laboral implica que solo aproximadamente el 30% de la población económicamente activa tiene cobertura en los planes de pensiones estatutarios. Además, es improbable que la mayoría de los trabajadores que sí contribuyen al sistema nacional de pensiones alcancen el período mínimo de cotización, de 20 años. Esto significa que no solo no cobran pensión, sino que, además, implícitamente, subvencionan a trabajadores de mayor ingreso que sí la cobran.

Prepararse para los empleos del mañana

Ante las transformaciones estructurales seguramente provocadas o aceleradas por la pandemia, la región debería implementar políticas destinadas a la recapacitación de los trabajadores, para prepararlos para los empleos del mañana. La pandemia ha exacerbado la desigualdad de oportunidades educativas, así que las autoridades deben dar prioridad a la mejora en el acceso a la educación y la calidad de esta. Un sistema educativo público sólido y de gran calidad seguirá proporcionando el capital humano que América Latina necesita para la economía del futuro. También debe ser prioritario abordar el elevado nivel de informalidad laboral de América Latina, que la pandemia también ha sacado a la luz.

Economías más diversificadas

Un paso difícil pero fundamental es la diversificación económica. El estudio de las estrategias aplicadas por los países que han llevado a cabo con éxito una diversificación, como Corea, Malasia y Singapur, podría ser un buen punto de partida. En América Latina, el auge de las agroexportaciones en Perú, país tradicionalmente exportador de productos mineros, constituye un estudio de caso interesante. El auge no hubiese sido posible sin la construcción de distritos de riego (que han convertido zonas desiertas cercanas a la costa en tierras agrícolas), la existencia de varios tratados de libre comercio y la diligencia con la que ha trabajado la autoridad fitosanitaria, que ha contribuido a abrir nuevos mercados. Esto indica que lo que se requiere es un modelo que implique al «conjunto del gobierno».

Los gobiernos de América Latina se enfrentan a una tarea monumental. Aunque no existe una fórmula milagrosa, la crisis actual puede ser una oportunidad de reforma. De hecho, las decisiones que se tomen en los próximos años seguramente tendrán consecuencias de gran alcance para la región. Si América Latina logra el consenso político y social necesario para poner en marcha estas reformas transformativas, podrá situarse nuevamente en la senda del progreso social sostenible y sentar las bases de una economía del siglo XXI.

Fuente: https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15547