Explorando el cambio de Latinoamérica hacia las finanzas verdes

Explorando el cambio de Latinoamérica hacia las finanzas verdes.

Autor: Bnamericas | Mayo  19, 2022

La financiación verde está creciendo en todo el mundo como respuesta a la crisis del cambio climático, y los requisitos ESG de los inversionistas para financiar proyectos son cada vez mayores.

En ese contexto, la Taxonomía, que es un sistema de clasificación de actividades que contribuyen a mitigar los impactos del cambio climático, es una herramienta importante tanto para el financista como para el dueño del proyecto.

En abril pasado, el presidente colombiano Iván Duque lanzó en la bolsa de valores de Nueva York, la taxonomía verde de Colombia, una guía para posibles inversiones en proyectos etiquetados como verdes, que además podría abrir el camino en toda la región para el financiamiento y desarrollo de proyectos más respetuosos con el medio ambiente y que ayuden a reducir las emisiones.

BNamericas conversó sobre el tema con Marcela Ponce, experta en operaciones de finanzas verdes, que lidera el Programa de Financiamiento Climático del Grupo de Instituciones Financieras del IFC en América Latina y el Caribe. Ponce sostiene que todos los países en Latinoamérica ya están listos para avanzar hacia acciones muy claras de finanzas sostenibles, pero que hay que seguir reforzando la oferta de proyectos verdes a ser financiados en todos los sectores.

BNamericas: Tras el lanzamiento que hizo el mes pasado el Gobierno de Colombia de la taxonomía verde, ¿qué perspectivas se avizoran de financiamiento y para qué sectores se ven mejores perspectivas?

Ponce: La real importancia del lanzamiento que se hizo en Nueva York es que el gobierno ha acogido la taxonomía como su definición de activos verdes para el país, y eso va muy en línea con la ambición que tiene el país de tener una agenda verde transversal.

En Colombia hay no solamente la adhesión a todos los temas del Acuerdo de París, sino que también existe el plan de la neutralidad de carbono. El lanzamiento es un mensaje bastante claro tanto para el sector financiero como para el sector real y para el sector público y privado,  porque el hecho de que el Ministerio de Hacienda haya sido parte del lanzamiento de la taxonomía significa que hay también interés de que se reconozca que el gobierno está implementando estándares que están en línea con los internacionales.

La taxonomía de Colombia está bastante alineada con la taxonomía de la Unión Europea, precisamente con el objetivo de facilitar la inversión internacional. El Gobierno de Colombia recientemente lanzó un bono soberano verde y ahora con la taxonomía el mensaje es incluso más claro,  seguramente en busca de inversionistas internacionales interesados en ese tipo de instrumentos, tanto soberanos como del sector privado.

BNamericas: ¿Tienen una estimación de a cuánto asciende la cartera de financiamiento para proyectos verdes, proyectos relacionados con el clima en Colombia?

Ponce: De acuerdo con el informe de sostenibilidad de Asobancaria, para diciembre del 2020, el saldo de cartera verde llegó a un total de 11 billones de pesos (US$2.730 millones), de los cuales 5,1 billones de pesos corresponden a la colocación del 2020. Dentro de las líneas de inversión definidas, la más destacada es la de construcción sostenible, seguida de las líneas de eficiencia energética y energías renovables.

Adicionalmente, la categoría “otros”, que incluye diferentes líneas, tales como construcción de obras civiles para drenaje y riego; garantías, préstamos e hipotecas verdes; aprovechamiento y gestión de residuos y aguas residuales, entre otros, se ubica en primer lugar, alcanza un monto equivalente al 48% del total de la cartera verde.

BNamericas: ¿Cómo compatibilizar los objetivos ambientales de mitigación de cambio climático, cero emisiones, con rentabilidad para las inversiones?

Ponce: Van tomados de la mano. En la medida en que los proyectos y las empresas implementan prácticas de sostenibilidad, eficiencia energética, energía renovable, transporte limpio, hay un resultado casi que inmediato: lo primero te empatizas con tus grupos de interés, pues el mundo, que es el ciudadano de a pie, los inversionistas, los bancos, las empresas, está pidiendo que seamos respetuosos con el medio ambiente. Recientemente hubo una encuesta que lanzó IBM que dice que hay más oportunidades que los jóvenes quieran trabajar para una empresa que tiene criterios de sostenibilidad que para una que no.

Entonces los grupos de interés están demandando esto; lo primero es implementas y empatizas; eres sostenible y empatizas con tus grupos de interés, tus clientes, tus empleados, tus inversionistas, tu propia mesa directiva, etc.; lo segundo tienes un impacto positivo en el medio ambiente; además, una de las grandes cosas que trae la sostenibilidad es que las mismas medidas te permiten ser más eficiente, consumes menos energía, reduces tus costos de operación, entonces es un “ganar ganar”. Entendemos que al momento hay una barrera de conocimiento; en la medida en que vayamos despejando las dudas empieza a ser más normal hacer este tipo de inversión.

BNamericas: Colombia es pionera regional en la taxonomía verde. ¿Cree que Latinoamérica está preparada para seguir su ejemplo, qué países estarían más preparados?

Ponce: La taxonomía no solo es dinámica, sino que se tiene que ir complementando en el tiempo y se tiene que ir actualizando.

Nosotros estamos trabajando como IFC o como grupo Banco Mundial también en otros países en la definición de esta taxonomía;  estamos trabajando en República Dominicana con la Superintendencia de Mercado de Valores; estamos trabajando en México en una taxonomía sostenible con la Secretaría de Hacienda; estamos trabajando en Centroamérica con el Consejo Centroamericano de Supervisores Bancarios y otras instituciones y vamos a empezar a trabajar muy pronto con Perú en la taxonomía verde, con el Ministerio de Ambiente y con la Unidad de Finanzas Sostenibles de Perú; adicionalmente estamos explorando conjuntamente entre IFC y Banco Mundial otros países en donde también nos gustaría seguir avanzando. Ya estamos trabajando en un total de 9 países; a finales del año pasado se creó el grupo de trabajo de taxonomías en finanzas sostenibles en América Latina y El Caribe.

Esperamos que con esta iniciativa de Naciones Unidas podamos contribuir para tener un marco consistente, transparente, sobre el tema de finanzas sostenibles y que facilite esas decisiones de inversión más informadas, que se movilice capital hacia los objetivos del acuerdo de París, es decir, la mitigación del cambio climático.

BNamericas: ¿En Latinoamérica, hay suficiente oferta de proyectos verdes?

Ponce: Seguramente no suficiente. Creo que tenemos que seguir reforzando la oferta de proyectos verdes a ser financiados desde todos los sectores.

Más del 40% del uso de recursos de bonos verdes en Latinoamérica estuvo en energía, seguido por transporte y luego construcción. Hace falta fortalecer la oferta en proyectos de gestión de residuos, agua, a más de energía, construcción, transporte, uso de la tierra, agricultura. Hay que seguir fortaleciendo las prácticas de sostenibilidad en todos los sectores para que la oferta sea mucha y diversa.

BNamericas: ¿En qué áreas están al momento los proyectos que podrían beneficiarse en el corto plazo de la taxonomía verde en Colombia y en los otros países de Latinoamérica?

Ponce: Los sectores que hemos abordado desde Colombia son energía, manufactura, transporte, construcción, agua, gestión de residuos, tecnologías de la información y comunicaciones, y uso de la tierra. Adicionalmente, en el del uso de la tierra se han visto los objetivos ambientales que tienen que ver con el uso del agua, uso del suelo, economía circular, biodiversidad, etc. La taxonomía no está escrita sobre piedra; es un documento que espera ser dinámico en el tiempo.

Creo que todos los países en Latinoamérica ya están listos para avanzar hacia acciones muy claras de finanzas sostenibles. Hemos visto avances importantes, por ejemplo, en Brasil, que tiene una lista de actividades económicas ambientalmente positivas desde hace varios años; Chile, que ha venido trabajando en su hoja de ruta; hay interés de Argentina.

BNamericas: ¿La taxonomía verde puede contribuir a evitar el denominado lavado de cara verde o greenwashing?

Ponce: Sí, sin duda alguna. El tema del greenwashing se da en muchas ocasiones por no tener definiciones claras. Creo que tener las definiciones claras de lo que es verde y lo que no es verde mitiga el riesgo.

BNamericas: ¿Cómo los diferentes criterios que se establecen en la taxonomía verde pueden contribuir en Latinoamérica a la consecución de metas climáticas?

Ponce: En el caso de Colombia, para siete sectores el foco es la mitigación de cambio climático, con lo cual uno esperaría que en la medida que estos conceptos estén claros  aporten a que haya mayor movilización de capital hacia este tipo de proyectos y en consecuencia tener una reducción de emisiones de carbono.

En la medida en que vamos replicando esto en la región, el objetivo de los países es el mismo: reducir emisiones de carbono. La contabilidad de estas reducciones es otro paso diferente. Nosotros tenemos proyectos como Green Banking Academy, una iniciativa de conocimiento y asesoría para apoyar a las instituciones financieras en su transformación hacia modelos de negocios más verdes; lo que hacemos es formar, asesorar, guiar, entregar conocimiento, lecciones aprendidas y casos de éxito al sector financiero para que no solo financie sino que internamente entienda en dónde quiere estratégicamente estar, cuál es el apetito por los temas verdes, cómo monitorear la cartera, cómo gestiona riesgos climáticos, y adelantarse un poco a la regulación que seguramente también va a llegar, tanto para la movilización de capital como para la gestión de riesgos climáticos.

También tenemos Climate Assessment for Financial Institution, herramienta que las instituciones financieras pueden usar para ingresar datos básicos de las transacciones para saber cuánto se están reduciendo las emisiones de carbono.

BNamericas: ¿Hacia dónde se encamina al momento, en el mundo, la demanda de inversionistas en materia de proyectos sostenibles?

Ponce: Esto ya dejó de ser una tendencia europea. A nivel global, las expectativas de los inversionistas internacionales es que cada vez tengamos más instrumentos verdes o sostenibles, lo que significa que tenemos que estar listos para dar más oferta. En Latinoamérica el mercado de las finanzas sostenibles ha venido creciendo y fortaleciéndose, un reflejo de eso se ve en el mercado de los bonos verdes o los bonos sostenibles, que sigue en crecimiento, incluso pese a los efectos que hubo por el COVID-19.

Es cierto que falta muchísimo por hacer sobre todo en el sector financiero en América Latina y en general en los mercados emergentes, y por eso para el IFC es tan importante proveer apoyo a los bancos y a las instituciones financieras, con asesoría y conocimiento para ayudarlos a que sigan creciendo y fortaleciéndose los temas de finanzas sostenibles.

BNamericas: ¿Cuál es el rol de la banca como proveedor financista climático?

Ponce: Tiene un rol muy importante, al menos el 70% de los flujos de financiamiento climático tienen que pasar por la banca, y los mismos bancos tienen una presión importante de los inversionistas, de sus stakeholders y hasta de sus mismos empleados y clientes, que demandan productos verdes. La banca tiene la gran responsabilidad de adoptar una estrategia clara de cómo apoyar esta demanda a nivel global.

Fuente: https://www.bnamericas.com/es/entrevistas/explorando-el-cambio-de-latinoamerica-hacia-las-finanzas-verdes

Ecuador aprueba metas y FMI le transferirá USD 1.700 millones este año

Ecuador aprueba metas y FMI le transferirá USD 1.700 millones este año.

Autor: Primicias | Mayo  14, 2022

En entrevista con PRIMICIAS, el ministro de Finanzas, Simón Cueva, explica que el país estará sujeto a menos revisiones por parte del FMI en 2022, lo cual es un signo de confianza. El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la cuarta y quinta revisión del programa de crédito que firmó con Ecuador en 2020 y que fue renegociado en 2021. Con la aprobación, el FMI le entregará a mediados de junio un desembolso de USD 1.000 millones para Ecuador, cifra que supera los USD 700 millones que el país esperaba inicialmente.

Además del desembolso previsto para junio, el FMI desembolsaría otros USD 700 millones para finales de 2022. El dinero es parte del programa de crédito por USD 6.500 millones con el FMI. y del que, hasta el momento, Ecuador ha recibido USD 4.800 millones. En entrevista con PRIMICIAS, el ministro de Finanzas, Simón Cueva, anticipa que habrá menos revisiones del acuerdo por parte del Fondo, lo que Ecuador interpreta como una muestra de confianza en el manejo de la economía.

¿Cómo le fue a Ecuador en la cuarta revisión de metas con el Fondo Monetario (FMI)?

Tenemos una buena noticia y es que el FMI aprobó la cuarta y la quinta revisión del programa de crédito con Ecuador. De los USD 6.500 millones que comprenden el programa, faltaba que el Fondo nos desembolsara USD 1.700 millones. De ese dinero, USD 1.000 millones llegarán en la primera quincena de junio y USD 700 millones más tras la sexta revisión. Ese es un cambio que se hizo al acuerdo inicial. Inicialmente, el programa de crédito contemplaba revisiones trimestrales y eran siete. Pero ahora habrá solo seis. La siguiente y última está programada para diciembre de 2022.

¿Qué el FMI haya reducido el número de revisiones de metas y que a Ecuador le haya aprobado dos seguidas es un símbolo de confianza en el país?

Sí, definitivamente, es una muestra de confianza, muestra que el FMI ve que las cuentas de Ecuador están en orden, entonces el Fondo ya no necesita estar revisándonos cada 15 minutos. Nos faltaban aún tres revisiones en 2022, pero ahora solo queda una, la de diciembre. Si completamos la última revisión, sería la primera vez en muchos años que Ecuador logra cumplir completamente con un acuerdo de crédito con el FMI.

¿Cuándo llegan los USD 1.000 millones?

El desembolso debe ser aprobado aún por el Directorio del FMI. Yo diría que los recursos llegarán (a la caja fiscal, ndr) en la primera quincena de junio de 2022.

El gobierno planeaba proponerle al FMI más espacio para elevar el gasto público, con el objeto de dinamizar la economía, ¿fue aprobada esa propuesta?

No puedo hablar en detalle aún de las metas, porque cerramos un acuerdo a nivel del técnico con el FMI, es decir, un acuerdo entre el equipo técnico del Fondo y las autoridades ecuatorianas. Pero esto aún debe ser aprobado por el Directorio del organismo. Lo que puedo decir es que el acuerdo con el FMI preveía un ajuste fiscal gradual equivalente al 4,5% del Producto Interno Bruto de Ecuador (PIB), medido por el déficit primario no petrolero, lo que incluye el gasto en subsidios. Es decir, medido por el tamaño de la economía del país menos los ingresos y los gastos petroleros, aunque incluye el gasto en subsidios a los combustibles. La lógica de este indicador es que el país reduzca su dependencia frente al petróleo y se vuelva sostenible desde el punto de vista fiscal.

La ‘adicción’ de Ecuador frente al petróleo ha sido una preocupación permanente en el FMI.

Uno de los grandes desafíos del país es superar sus problemas estructurales. Ecuador tiene un Riesgo País más alto frente a economías como la de Perú, Colombia o México y es porque registra desequilibrios fiscales estructurales. Estos desequilibrios hacen que cada año nos preguntemos de dónde y cómo sacar recursos para financiar el Presupuesto General del Estado. Es sano para Ecuador fortalecer la sostenibilidad de sus finanzas públicas para no depender del endeudamiento recurrente. Mientras más déficit tiene un país, más endeudamiento necesitará para cubrir esa brecha entre ingresos y gastos que llamamos déficit. Ahora, tener un déficit recurrente hace que Ecuador aparezca como un país menos confiable a los ojos de los inversionistas internacionales. Mientras logremos que el país tenga más solidez fiscal, conseguiremos que Ecuador sea creíble y que reduzca sus necesidades de buscar financiamiento (endeudamiento).

¿Cuál será el destino de los USD 1.000 millones que están por llegar?

El fortalecimiento de la consolidación fiscal y nos permitirá destinar más recursos al gasto social, a proyectos viales que son importantes, a seguridad y al combate de la desnutrición crónica infantil. En suma, el nuevo desembolso fortalece la capacidad del Estado para apoyar la reactivación económica.

¿Se ha planteado como un objetivo de su gestión conseguir el viejo sueño Ecuador de lograr una buena calificación de riesgo, un grado de inversión como el que ya tienen Perú y Colombia?

Es parte del objetivo, aunque esa meta también depende de otros factores. Por ejemplo, el contexto internacional actual es muy es volátil, en parte como efecto de la invasión rusa a Ucrania, por el crecimiento de la inflación en el mundo, lo que empujará a los bancos centrales a subir las tasas de interés y, con ello, sube el costo del endeudamiento. El riesgo país ha subido para todos los países de América Latina, aunque a Ecuador le ha ido mejor en materia de riesgo que a otros países y esto en un contexto internacional adverso, no es una casualidad, es porque el país está poniendo la casa fiscal en orden. Aunque el riego país no ha caído, los mercados perciben a Ecuador como una economía que ha ido mejorando en términos de sostenibilidad fiscal.

¿Por qué la inversión pública tuvo niveles tan bajos de ejecución en el primer trimestre de 2022?

Hay dos elementos. El primero es que este año se excluyeron rubros que, en realidad, no corresponden a inversión pública, como el pago de sueldos y de bonos, que son gasto corriente. Eso hace que exista una aparente diferencia con el dato del primer trimestre de 2021, pero lo que se hizo fue una limpieza de cifras. Otro factor es que en los primeros meses del año la ejecución de la inversión pública siempre tiende a ser baja.

Con esa limpieza de cifras, ¿ya se sabe cuánto le debe el Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)?

Con la limpieza, incluimos la cifra de la deuda con el IESS que está relacionada con el aporte estatal de 40% para las pensiones jubilares. Lo segundo es la deuda del Estado con el IESS por salud, aunque el registro de este rubro es un poco más complicado, porque se necesitan auditorías médicas y un cruce de cuentas con el Ministerio de Finanzas. Por esa razón aún no tengo los números finales, pero estamos trabajando en el registro de estas cuentas.

Si el Gobierno tiene más ingresos por una mayor recaudación tributaria y porque el precio del petróleo está alto, ¿por qué hay atrasos en el pago a los proveedores del Estado y con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)?

Porque el gobierno ha venido pagando y reduciendo los atrasos heredados de años anteriores y que han venido bajando poco a poco. Al mismo tiempo que hemos bajado esa deuda, hemos reconocido deudas preexistentes, que no estaban registradas, como la del IESS, que antes no constaban en el Presupuesto General del Estado. Y conforme se registran y se transparentan esos pasivos, pues suben los atrasos. Una noticia es que ya estamos pagando la deuda histórica por el IVA con los GADs. Hasta finales de 2021 pagamos unos USD 224 millones y esperamos pagar un último tramo de USD 66 millones hasta finales de año. Incluyendo otras transferencias por patrimonio y competencias como riego y drenaje, lo que se pagará a los GADs ascenderá más o menos a USD 100 millones.

Existe la percepción de que la macroeconomía va bien, pero la economía de la gente no tanto.

Cuando a la macroeconomía le va bien, al resto de sectores les va bien. Pero hay un contexto que puede ser complicado, el escenario mundial está presionado la inflación al alza en todos los países. Ecuador tiene una inflación más controlada que en otros países, aquí es de 2,8%, mientras que en el resto de Latinoamérica estamos viendo unos niveles de inflación de 7,5% y superiores en algunos casos. Eso no quiere decir que los consumidores no se sientan los efectos del aumento de precios de ciertos productos, como harina, aceite, lubricantes y ciertos insumos agropecuarios. Sin embargo, el hecho de que el país tenga los precios del diésel y de las gasolinas de bajo octanaje congelados ha atenuado el proceso inflacionario, por eso vemos un impacto más moderado.

¿Cuándo comenzaremos a sentir la reactivación de la economía?

Ya se empiezan a sentir. Hay más de medio millón de personas que reciben bonos estatales, que estaban en la línea de la pobreza y antes no recibían este apoyo económico y que son parte del 30% de la población más pobre del país. Entregaremos bonos a madres de escasos recursos para combatir la desnutrición crónica infantil. El incremento del precio del petróleo y un aumento de los ingresos tributarios nos da espacio para que suban las transferencias a los gobiernos locales.

¿Usted siente que ha sido tratado de manera injusta por poner la casa en orden?

Si quisiera ser popular, no habría aceptado este cargo. Ser ministro de Finanzas, por naturaleza, es una actividad impopular e ingrata porque tengo que cuidar las finanzas del país. Mi trabajo no es ceder ante las demandas de sectores particulares. Mi obligación es cuidar las finanzas de todos los ecuatorianos La ventaja es que vengo de la academia y no tengo conflictos de interés.

Fuente:  https://www.primicias.ec/noticias/economia/cueva-desembolso-fmi-revision-ecuador/