La digitalización financiera se ha acelerado con la pandemia del COVID-19. ¿Qué medidas podemos adoptar para que esta sea realmente efectiva?

En gran parte de los países desarrollados y en desarrollo, durante los últimos años, se ha promovido la digitalización de los productos financieros como un medio para lograr una mayor inclusión financiera y de mayor calidad para los ya incluidos. La digitalización financiera se ha visto acelerada por la pandemia de COVID-19, y la población más vulnerable y excluida del sector financiero ha pasado a estar incluida, en muchos casos, al recibir transferencias y pagos de programas sociales mediante medios digitales.

Digitalización financiera: Tradicionales y nuevas barreras para la inclusión financiera

La digitalización de los productos financieros puede promover la inclusión financiera al desmitificar y reducir algunas de las barreras tradicionales que limitan la participación en el sector financiero formal (Di Giannatale y Roa, 2019).

En primer lugar, reduce las barreras de accesibilidad física al permitir su uso en áreas remotas, de difícil acceso, o con poca densidad de población, donde no es rentable o posible abrir una sucursal o un cajero. Elimina o disminuye además el riesgo que implica desplazarse a una sucursal en algunas zonas de violencia o con altos grados de inseguridad. Esto último, cobra especial relevancia en el caso de las mujeres, a las que, además de esto, se les suman restricciones y prohibiciones de movilidad o interacción social.

En segundo lugar, la digitalización de la información de los clientes financieros sobre los productos que utilizan de forma regular o sus comportamientos financieros, puede ayudar a las instituciones financieras al diseño de productos y servicios financieros adaptados a las necesidades de los distintos grupos de población. 

En tercer lugar, desde el punto de vista de la asimetría de información, estos datos también pueden ser utilizados para valorar la elegibilidad de los clientes con métodos alternativos a los tradicionales como los buros de crédito o garantías o colaterales (Einav et al. 2013). El uso de estas nuevas metodologías para medir la elegibilidad de un cliente es realmente valioso para poblaciones vulnerables, las cuales no suelen contar con documentación (nóminas, etc.) y colaterales que les permitan acceder a los productos financieros que ofrecen las instituciones formales (Klinger et al. 2013).

Finalmente, la disminución de costos de transacción y de información, junto con la aparición de nuevos actores financieros, como las empresas Fintech, pueden además promover una mayor eficiencia y competencia que reduzca los costos y comisiones de los productos financieros digitales, y haga su uso accesible económicamente hablando a un mayor número de personas.

En resumen, la digitalización financiera podría suscitar la inclusión financiera a través de la eliminación de fricciones o barreras que limitan la accesibilidad física y económica, así como la elegibilidad.

Cabe notar, sin embargo, que a pesar de que los medios digitales podrían reducir las tradicionales barreras al acceso financiero, la digitalización financiera podría dar lugar a que aparezcan nuevas fricciones y barreras. Incluso que las que ya estaban presentes se agudicen aún más. Del lado de la oferta, la accesibilidad económica podría verse limitada, en primer lugar, si el costo de uso de datos es elevado, por falta de competencia y regulación adecuada en el sector de telecomunicaciones. Sumado a lo anterior, si para llevar a cabo transacciones financieras o adquirir productos o servicios financieros se requieren teléfonos inteligentes o computadoras, estos equipos podrían no estar al alcance de gran parte de la población por su alto costo. También, del lado de la elegibilidad económica, el costo de usar los medios digitales para realizar transacciones financieras podría ser elevado, así como la falta de interoperabilidad. Por último, existen zonas remotas o rurales donde todavía no hay infraestructura física o cobertura que permita el uso de los medios digitales y, aunque esta exista, algunos negocios no cuentan con el equipo ni el capital humano en términos de capacidades financieras para poder recibir pagos o transferencias digitales.

Del lado de la demanda, en primer lugar, la falta de educación financiera y de educación digital, pueden llevar al desconocimiento de estos productos o a no saber usarlos de forma que los usuarios no se apropien de los potenciales beneficios que estos ofrecen. En segundo lugar, otra barrera esencial es la falta de confianza. Esta falta de confianza en el caso de los medios digitales proviene principalmente de los posibles fraudes cibernéticos, de las fallas tecnológicas, o por la sustitución de la relación personal con la institución financiera a una relación con canales o medios tecnológicos. En tercer lugar, el bajo uso de los productos digitales puede esconder una forma de evitar la fiscalidad y formalidad que conlleva el uso de productos financieros formales, digitales o no.

Por último y no menos importante, la literatura de Economía del Comportamiento ha documento distintos sesgos de comportamiento o aspectos psicológicos de las personas que podrían afectar a las decisiones financieras relacionadas con el uso de medios digitales (Karlan et al. 2016; Benartzi y Lehner, 2015; Roa, 2013; Brasel y Gips, 2014; Mangen et al. 2013; Lusardi, 2017):

Se toman decisiones menos convenientes con teléfonos inteligentes. Por ejemplo, los millenials que realizan transacciones financieras con medios digitales, quienes tienen peores comportamientos financieros que los que no lo usan, en especial en términos de sobre endeudamiento o consumismo.

La información se procesa mejor en papel que en pantalla. Esto que puede llevar a tomar peores decisiones. Aunque lo lúdico es más divertido y se le presta mayor atención.

Lo que es visualmente atractivo puede llevar a comprar más o productos más caros.

La inmediatez de lo digital, no da tiempo a pensar. La facilidad de comprar con solo un clic, puede ser beneficioso (ahorra costos de tiempo) o contraproducente (impulsar a comprar lo que no necesito o bienes de tentación).

Políticas y medidas para una digitalización financiera efectiva

Para lograr un mayor y mejor uso de los medios digitales es necesario el diseño e implementación de un paquete de medidas holísticas con respuestas de política de oferta y demanda que atienda las posibles barreras que pueden dificultar el uso de productos financieros digitales mencionadas en los párrafos anteriores.

Por un lado, debe existir un paquete de políticas del lado de la oferta, que garantice la existencia de infraestructura y cobertura para el uso de nuevas tecnologías. Conjuntamente, deben existir marcos de regulación que promuevan la competencia y eficiencia de los sectores de telecomunicaciones para lograr que los precios de uso de datos sean asequibles y competitivos. De igual forma, esto debe suceder del lado del sector financiero y los distintos actores que ofrecen el uso de medios digitales para las transacciones financieras, tanto banca tradicional como los nuevos actores Fintechs, de manera que los precios y comisiones de su uso de estos productos sean competitivos y asequibles para toda la población.

Del lado de las políticas de demanda, el fomentar las capacidades financieras y los marcos regulación de protección al usuario financiero es cardinal, más aun pensando en el creciente número de personas en situación vulnerable que han sido incluidos en el sector formal mediante productos y canales digitales. En ese sentido, la educación financiera, proporciona conocimiento de la existencia y del buen uso de los medios digitales financieros (Díaz y Conde, 2017). Por su lado, los medios digitales se convierten en una excelente oportunidad de mejora para las intervenciones que tratan de promover las capacidades financieras. Mediante el uso de aplicaciones y el “robot advice”, estos medios incorporan elementos que han sido reconocidos como exitosos a la hora de promover comportamientos financieros; como son el uso de elementos lúdicos y personalizados, recordatorios, el permitir establecer metas financieras, y el proporcionar información cuando se necesita (teachable moments), además de medir comportamientos financieros.

Al mismo tiempo, es necesario fomentar las capacidades digitales, en especial las de las poblaciones más vulnerables y tradicionalmente excluidas. En América Latina los planes de gobierno para promover la digitalización financiera, además de mejorar la infraestructura física, se dirigen a fomenta las habilidades digitales, no solo las financieras. Este es el caso de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y México (Zaballos et al. 2019).

Del lado de la protección al usuario financiero, la creciente digitalización trae consigo una mayor generación, recopilación, almacenamiento y uso de datos personales y transaccionales, que pueden facilitar una mejor comprensión de los hábitos y las necesidades de los usuarios, pero también los expone ante mayores peligros por el uso no adecuado de esta información (OECD, 2018). A la luz de que estas innovaciones permiten acumular información privada y sensible, la poca o nula claridad sobre el manejo de datos puede exponer a los usuarios, o generar suspicacias para su uso. De ahí la importancia de las medidas y marcos regulatorios de protección al usuario financiero.

Existen a su vez estudios que muestran los riesgos de los créditos digitales, donde existe una correlación positiva entre obtener este tipo de créditos y haber sido rechazado por una institución bancaria previamente. Además, este tipo de créditos presenta mayores niveles de mora (Duarte et al 2012; Mingfeng et al. 2013; Freedman and Jin 2017;  FED, 2014). La legislación debe proteger y evitar la oferta de productos que lleve a la población al sobreendeudamiento y la mora, por la falta de evaluación adecuada de los riesgos de los clientes, así como los riesgos asociados a la inmediatez de las transacciones y pagos (el famoso compra en “un clic”).

Para evitar los fraudes financieros, se están tomando además medidas adicionales como son la creación de unidades específicas fraudes en instituciones y reguladores, algoritmos replican fraudes, medidas biométricas, alertas digitales, portales información fraudes, son entre otras, las medidas que se están desarrollando para el uso seguro de los medios digitales. Los marcos legislativos y de regulación mantienen en general un enfoque de inclusión e innovación financiera; como la Ley Fintech (México), y las leyes de dinero móvil desarrolladas en Perú, Brasil, México, entre otros.

Concluimos entonces con la necesidad de tener presente las distintas aristas y dimensiones de la digitalización financiera, acelerada por la pandemia de COVID-19, para que esta se traduzca en realidad en una mayor inclusión y salud financiera de la población. Si no se mantiene esta visión integral, las iniciativas podrían no traducirse en los resultados esperados y la brecha en la vulnerabilidad financiera será aún más crítica, en especial, para los más vulnerables.